Apunte diario sobre letras hipnóticasPor Arturo Vásquez Urdiales.
No hay herida más callada que la que sangra por dentro. En México, esa herida se llama Cristiada. Para entender su explosión hay que adentrarse en el México de 1926, un país que aún olía a pólvora revolucionaria. Tras el baño de sangre de la Revolución (1910-1917), los nuevos gobernantes buscaron edificar una nación moderna, fuerte y, sobre todo, laica. Pero el cemento de ese proyecto fue el anticlericalismo, y los ladrillos fueron las bayonetas.
La noche no nace de repente. La larga sombra del siglo XIX se proyectó hasta el texto de la Constitución de 1917. Los artículos 3°, 5°, 24, 27 y el célebre 130 fueron cuchillos constitucionales: negaron personalidad jurídica a las iglesias, prohibieron la educación religiosa en primarias, nacionalizaron los bienes eclesiásticos, limitaron severamente el número de sacerdotes y vetaron el culto fuera de los templos. Eran las Leyes de Reforma de Juárez llevadas al paroxismo.
Pero donde la ley no alcanzaba, la voluntad de fuego la reemplazaba. En 1924 subió al poder el general sonorense Plutarco Elías Calles, un hombre de facciones duras y espíritu implacable. Su padre murió alcohólico, su madre falleció cuando él era niño, y creció en la crudeza del desierto. No era un intelectual, sino un caudillo pragmático que juró desterrar para siempre al «oscurantismo clerical». Durante su gobierno, creó el Banco de México, carreteras y escuelas; pero también sopló las brasas del odio religioso.
En 1925, Calles cometió su primera provocación mayor: impulsó la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una institución cismática que desconocía al Papa y obedecía al Estado, encabezada por el «patriarca» Pérez Budar. Era una declaración de guerra. El pueblo católico, que representaba entonces más del 95% de la población, rechinó los dientes en silencio.
El detonante definitivo llegó el 14 de junio de 1926. Calles promulgó la llamada Ley Calles, una reforma al Código Penal que castigaba con prisión cualquier violación al artículo 130. Entre sus disposiciones se exigía el registro gubernamental de todos los sacerdotes; se prohibían los hábitos en la calle; se restringían las críticas desde el púlpito; e incluso se ordenaba a los curas casarse so pena de ser perseguidos. La gota colmó el cáliz.
Frente al ímpetu del Estado, la fe católica se organizó. Ya existía desde 1913 la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), forjada por el jesuita Bernardo Bergöend bajo el lema «Por Dios y por la Patria». Y en 1925 nació la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR), que buscaba la resistencia cívica y, en último extremo, la vía armada.
El líder espiritual en esos días aciagos era el arzobispo de México, José Mora y del Río, un anciano de 72 años, firme como una roca. Mora y del Río, a la cabeza de un episcopado de 33 obispos, rechazó la Ley Calles y advirtió que no se sometería. El 31 de julio de 1926, los obispos mexicanos, con el respaldo de Roma, dieron la orden dramática: suspensión total del culto público en todo el país. Las campanas enmudecieron. Los templos se cerraron con candados. No hubo misas, ni bautizos, ni funerales. El vacío dejado por la Iglesia fue llenado por la indignación.
México se convirtió en un polvorín. Miles de campesinos en el centro-occidente –Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima– esperaban solo una señal. Esa señal llegó el 4 de agosto de 1926 en Pénjamo, Guanajuato, cuando el general cristero Luis Navarro Origel se levantó en armas gritando: ¡Viva Cristo Rey!. El grito se extendió como reguero de pólvora.
En el otro bando, el presidente Calles no se inmutó. El 22 de agosto de 1926 escribió una carta en la que afirmaba: «Quedan radicadas en el extranjero las posibilidades de una contienda seria. Aquí no hay más que pequeñas partidas de bandoleros…». Subestimó la rebelión y ordenó la persecución sin cuartel.
Estalló entonces la Guerra Cristera, un conflicto cruento que se prolongaría tres años, cobraría hasta 250,000 víctimas y dejaría 250,000 refugiados hacia Estados Unidos. Fue una guerra de guerrillas, de ahorcamientos en los caminos, de pueblos arrasados, de mujeres escondiendo cartuchos bajo sus enaguas y de curas fusilados en los atrios. Pero también fue, ante todo, una guerra fratricida que enfrentó a mexicanos contra mexicanos por el derecho a creer o a prohibir.
¿Quiénes eran los actores de esta tragedia? En la esquina política, el callismo. Calles, el «Jefe Máximo» que controlaría a los presidentes títeres incluso después de 1928. Pero también el presidente electo Álvaro Obregón, asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla, un magnicidio que sumió al país en la incertidumbre. Ellos representaban al Estado revolucionario: fuerte, nacionalista, laico por decreto.
En la otra orilla, los cristeros. Eran en su mayoría campesinos pobres que dejaron el arado por el fusil. Sus comandantes, como el legendario Victoriano Ramírez «El Catorce», eran hombres analfabetos pero de una fe indomable. También hubo sacerdotes guerrilleros, como el padre José Reyes Vega, cuya violencia igualaba a su fervor. Y sobre todo, las mujeres: las Brigadas femeninas Santa Juana de Arco, que actuaban como espías, enfermeras y correos clandestinos. Ellas fueron las primeras en montar guardia en las iglesias clausuradas y las últimas en deponer la esperanza. Como escribiría Juan Rulfo, testigo de esa guerra: «Sin la mujer no se entiende la Cristiada».
En medio, el papa Pío XI desde Roma, temiendo la aniquilación del catolicismo mexicano, y el gobierno de Estados Unidos, representado por el embajador Dwight Morrow, que tejería los «arreglos» de paz en 1929. Pero eso, querido lector, será materia de la siguiente entrega de esta hipnótica columna.
La guerra estaba declarada. ¡Viva Cristo Rey! … y al diablo con la ley.
Continuará…
Fuentes: Archivos históricos, Wikipedia, México Desconocido, Relatos e Historias MX, Memoria Política de México e INEHRM.
