APUNTE DIARIO SOBRE LETRAS HIPNÓTICAS
La muerte como última oficina recaudadora
Por Arturo Vásquez Urdiales
Hay animales políticos que jamás se sacian. Pueden tragarse el presupuesto, devorar fideicomisos, masticar instituciones, sorber fondos públicos, roer organismos autónomos y beberse hasta la última gota de confianza de una nación; pero siempre, inevitablemente, vuelven a sentir hambre.
Ahora han olido la muerte.
Y detrás de la muerte han descubierto una última despensa: la herencia familiar.
La escena no podría ser más inquietante. Un hombre trabaja cuarenta años. Compra una casa a crédito. Paga intereses. Paga impuestos. Paga derechos. Paga predial. Paga permisos. Paga escrituras. Paga IVA cada vez que consume. Paga ISR cuando obtiene ingresos. Paga impuestos cuando adquiere determinados bienes. Paga contribuciones mientras vive y, cuando finalmente muere, alguien comienza a preguntarse desde el poder si acaso sus hijos no deberían volver a pagar por recibir aquello que su padre construyó.
La pregunta parece fiscal.
En realidad, es filosófica.
¿De quién es verdaderamente el patrimonio de una persona?
¿Del hombre que trabajó para construirlo?
¿De la familia a la que quiso proteger?
¿O del Estado, que espera pacientemente detrás del féretro para extender la mano?
La discusión estalló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el análisis del tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de retiro entregados a los beneficiarios de trabajadores fallecidos. El proyecto pretendía sostener que determinados recursos provenientes de una Afore debían pagar Impuesto Sobre la Renta al ser entregados a sus beneficiarios.
Afortunadamente, seis integrantes del Pleno rechazaron aquella propuesta.
Pero durante la discusión se abrió una puerta mucho más grande, más peligrosa y más reveladora.
La ministra Lenia Batres sostuvo que lo injusto era que en México no se gravaran las herencias y los legados. Su razonamiento partió de una premisa estremecedora: quien recibe una herencia recibe un recurso que no provino de su propio esfuerzo y, según esa visión, la transmisión patrimonial reproduce desigualdades.
Ahí está el corazón del problema.
No estamos frente a una simple discusión de técnica tributaria.
Estamos frente a dos concepciones distintas del mundo.
Para una, el patrimonio es la prolongación material de la libertad humana: un hombre trabaja, ahorra, construye y tiene derecho a decidir el destino de lo suyo.
Para la otra, el patrimonio acumulado entre generaciones resulta sospechoso porque produce diferencias y, por tanto, el Estado adquiere una especie de legitimidad moral para intervenir en su transmisión.
Una visión contempla una casa y ve el esfuerzo de tres generaciones.
La otra mira la misma casa y calcula la base gravable.
Una contempla al abuelo que dejó un pequeño edificio de departamentos.
La otra ve un contribuyente difunto y varios contribuyentes sobrevivientes.
Una habla de familia.
La otra, de recaudación.
Y entre ambas visiones hay un abismo.
LA HERENCIA NO ES UN REGALO CAÍDO DEL CIELO
El discurso según el cual un heredero recibe algo “sin esfuerzo” es extraordinariamente simplista.
La familia no comienza jurídicamente con el nacimiento de cada individuo ni termina económicamente con la muerte de cada generación. Las familias son comunidades de solidaridad, continuidad y protección. Los padres mantienen a los hijos; los hijos cuidan a los padres; los abuelos ayudan a los nietos; unas generaciones construyen aquello que las siguientes conservan, multiplican o, algunas veces, lamentablemente destruyen.
La herencia es una de las instituciones más antiguas de la civilización.
Mucho antes de los modernos sistemas tributarios, los seres humanos ya transmitían la tierra, la casa, los animales, las herramientas, el taller, el apellido y la memoria.
Porque heredar no significa solamente recibir dinero.
Se hereda el pequeño negocio del padre.
La casa donde envejeció la madre.
El terreno que compró el abuelo cuando todavía no había calles.
La biblioteca del profesor.
El consultorio del médico.
La carpintería.
La panadería.
El rancho.
El departamento.
El ahorro.
También se heredan deudas, responsabilidades, problemas, juicios y obligaciones.
Pero resulta que algunos ideólogos del poder han comenzado a imaginar la sucesión como una piñata fiscal.
Y hay que decirlo con claridad: el patrimonio familiar no es una alcancía de emergencia del gobierno.
LA LEY, HOY
El derecho mexicano vigente es claro.
El artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la exención de los ingresos recibidos por herencia o legado. También existe un régimen de exenciones para determinadas donaciones familiares, particularmente entre cónyuges y en línea recta, bajo los términos de la propia ley.
No es un accidente legislativo.
No es una laguna.
No es un regalo.
Es una decisión jurídica que reconoce una realidad elemental: la transmisión patrimonial por causa de muerte tiene una naturaleza profundamente distinta a la generación ordinaria de una renta.
La herencia no es salario.
No es honorario.
No es dividendo.
No es comisión.
No es especulación financiera.
No es una operación comercial entre desconocidos.
Es la continuación jurídica del patrimonio después de la muerte.
Por supuesto, pueden existir debates académicos sobre impuestos sucesorios. Los hay en numerosos países. También pueden discutirse modelos progresivos, mínimos exentos, protección a empresas familiares o mecanismos contra la concentración extrema de riqueza.
Pero una cosa es el debate académico y otra muy distinta comenzar a construir desde la cúspide judicial una narrativa según la cual recibir el patrimonio de los padres es una forma sospechosa de riqueza porque los hijos “no se la ganaron”.
Porque entonces habría que formular otras preguntas.
¿Se ganó un niño la educación que sus padres le pagaron?
¿Se ganó la habitación donde durmió?
¿Se ganó los alimentos que recibió?
¿Se ganó la atención médica que sus padres sufragaron?
¿Se ganó el apoyo para comenzar una profesión?
¿En qué momento exacto el amor familiar deja de ser solidaridad y comienza a convertirse en una desigualdad fiscalmente perseguible?
Cuidado.
Las ideas fiscales, cuando se enamoran del resentimiento, suelen terminar buscando contribuyentes debajo de las camas y monedas debajo de las lápidas.
PRIMERO LOS RICOS, DESPUÉS TODOS
La historia fiscal conoce perfectamente una vieja melodía.
Primero se anuncia que una contribución solamente afectará a los inmensamente ricos.
Después se descubre que los inmensamente ricos tienen estructuras corporativas, planeación fiscal, movilidad internacional, fideicomisos y ejércitos de especialistas.
Entonces el recaudador baja un peldaño.
Y encuentra a la clase media.
Ahí está el profesionista que compró dos departamentos.
El comerciante que dejó tres locales.
La señora que heredó un terreno que, cincuenta años después, adquirió un valor enorme.
El campesino cuya parcela fue alcanzada por el crecimiento urbano.
La familia que conserva una casa antigua en el centro de una ciudad.
El migrante que trabajó treinta años en el extranjero para construir cuatro departamentos para sus hijos.
Ellos no tienen oficinas fiscales en Luxemburgo.
No tienen fundaciones en Liechtenstein.
No tienen residencias tributarias intercambiables.
Tienen una escritura guardada en un cajón.
Y por eso son infinitamente más fáciles de alcanzar.
El discurso siempre comienza buscando multimillonarios y frecuentemente termina encontrando una viuda.
Ése es el peligro.
LAS FAUCES
El problema de las fauces del poder es que nunca anuncian el tamaño definitivo de su mordida.
Hoy discuten la Afore del muerto.
Mañana hablan de las grandes herencias.
Después de la justicia distributiva.
Más tarde de la necesidad recaudatoria.
Luego de la emergencia presupuestaria.
Y una mañana cualquiera, mientras una familia todavía guarda las flores del funeral, descubrirá que el Estado también se presentó a la lectura del testamento.
Sin haber sido invitado.
Y queriendo su parte.
No exageremos el episodio original: el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, votó contra el proyecto que pretendía gravar aquellos recursos de Afore. Es una precisión necesaria. Pero su razonamiento también puso sobre la mesa la contradicción entre gravar ahorros modestos de trabajadores y mantener exentas grandes herencias.
La precisión importa porque una crítica seria no necesita inventar enemigos.
Le basta escuchar las palabras.
El problema mayor es que la discusión sobre las Afores permitió que desde el máximo tribunal constitucional del país se expresara abiertamente la idea de que las herencias deberían ser gravadas.
Y cuando una idea aparece en la conversación del poder, la sociedad tiene derecho a contestar antes de que esa idea encuentre iniciativa, dictamen, mayoría y decreto.
Las libertades rara vez desaparecen en una sola noche.
Primero se discuten.
Después se relativizan.
Luego se gravan.
¿Y DÓNDE ESTÁ EL NOTARIADO?
Aquí aparece una ausencia ensordecedora.
El notariado mexicano debería ser una de las primeras voces jurídicas en explicar a la sociedad las consecuencias de cualquier reforma que afecte la transmisión del patrimonio familiar.
Los notarios conocemos la realidad sucesoria no desde un escritorio académico, sino desde la mesa donde se sienta una familia después de una muerte.
Hemos visto hermanos reconciliarse.
Y hermanos destruirse.
Madres preocupadas por un hijo vulnerable.
Padres que quieren dejar una casa a la hija que los cuidó.
Empresarios que buscan conservar fuentes de trabajo después de su muerte.
Campesinos que desean evitar que la tierra se pulverice.
Viudas que no saben cómo enfrentar un procedimiento sucesorio.
Familias completas que llegan buscando una sola cosa: seguridad.
Por eso el notariado no puede permanecer mudo.
Y aquí hay que tocar otra herida.
Existe formalmente un Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Nadie puede negar su existencia jurídica ni su actividad institucional. Pero una cosa es existir y otra representar; una cosa es organizar seminarios y otra encabezar las grandes batallas jurídicas del país.
Muchos notarios mexicanos sentimos desde hace tiempo que la representación nacional se debilitó, se cerró sobre sí misma y perdió la capacidad de convocar a todo el notariado en defensa de las grandes causas civiles.
La gestión y la herencia política interna asociadas a Guadalupe Díaz Carranza merecen una revisión crítica y profunda por parte del propio gremio. No porque deba personalizarse todo problema institucional, sino porque las instituciones también responden por sus silencios, por sus fracturas y por las consecuencias de sus decisiones.
El notariado mexicano necesita recuperar una voz nacional fuerte, legítima, plural, independiente y respetada.
Una voz que no pida permiso para defender el derecho.
Una voz que no confunda representación gremial con ceremonia.
Una voz capaz de decirle al poder: hasta aquí.
Si la institución nacional no puede o no quiere encabezar esta defensa, entonces que sean los colegios estatales, los consejos notariales, los decanos, los notarios de cada entidad y cada fedatario consciente de su responsabilidad histórica quienes construyan una posición común.
Porque el silencio también causa estado.
Y éste es el momento de hablar.
EL DESPLEGADO QUE MÉXICO NECESITA
Propongo que el notariado mexicano publique, discuta y suscriba un pronunciamiento nacional.
No un boletín tibio.
No una declaración burocrática.
No una fotografía de presidium.
Un pronunciamiento.
Una advertencia jurídica y moral.
Ésta podría ser su palabra:
PRONUNCIAMIENTO DEL NOTARIADO ANTE LA PRETENSIÓN DE GRAVAR HERENCIAS, LEGADOS Y PATRIMONIO FAMILIAR
Los notarios que suscribimos manifestamos nuestra más enérgica oposición a cualquier intento político, judicial o legislativo de gravar con Impuesto Sobre la Renta las herencias, los legados y las transmisiones patrimoniales legítimas entre padres e hijos.
La familia mexicana no es una fuente inagotable de extracción fiscal. El patrimonio que un padre entrega a sus hijos no nace de la especulación ni del privilegio inmerecido: nace del trabajo, del ahorro, del sacrificio, de casas levantadas ladrillo por ladrillo, de terrenos conservados por generaciones, de negocios familiares sostenidos con jornadas interminables y de bienes que soportaron cargas fiscales durante la vida de sus propietarios.
Pretender que la muerte sea una nueva ventanilla recaudatoria del Estado es moralmente inadmisible y jurídicamente peligroso. La sucesión no debe convertirse en castigo. La herencia no es una ganancia repentina: es continuidad familiar, memoria patrimonial y protección intergeneracional.
Actualmente, el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la exención de los ingresos recibidos por herencia o legado. Esa norma no es un capricho: constituye una decisión de política legislativa que protege la transmisión patrimonial familiar.
Rechazamos la narrativa que pretende presentar a los hijos como beneficiarios sospechosos por recibir el patrimonio de sus padres. Esa visión desconoce el corazón jurídico y social de la familia mexicana. Los hijos no son inversionistas extraños frente al patrimonio familiar: son continuidad, raíz y destino.
La casa familiar no es botín fiscal.
La parcela heredada no es renta especulativa.
El ahorro de una vida no es presa política.
Como notarios conocemos de primera mano el rostro humano de las sucesiones: viudas que buscan seguridad, hijos que regularizan una vivienda, familias que intentan evitar pleitos y adultos mayores que ordenan su voluntad para dejar paz y no conflicto.
El Estado mexicano debe recaudar combatiendo la evasión, la corrupción, la facturación falsa, el lavado de dinero, el contrabando y el saqueo del presupuesto; no sentándose a la mesa familiar después del funeral para reclamar una silla como heredero fiscal.
Advertimos con firmeza: abrir la puerta a un impuesto general sobre herencias y legados puede convertirse en un golpe contra la clase media, contra la seguridad jurídica, contra la propiedad privada y contra la paz familiar.
Hoy dirán que solamente alcanzará a las grandes fortunas.
Mañana la tentación fiscal puede extenderse a la casa familiar, al pequeño local comercial, al terreno heredado, al ahorro del abuelo y al patrimonio de quienes necesitaron toda una vida para construir algo.
La muerte no debe convertirse en ocasión para la voracidad tributaria.
La sucesión no debe ser la caja chica del Estado.
La voluntad de los padres no debe pasar por la guillotina fiscal de ningún proyecto ideológico.
Por ello, llamamos al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Ejecutivo Federal y a las autoridades hacendarias a respetar y proteger el régimen de transmisión patrimonial familiar.
Defender la herencia familiar no es defender privilegios.
Es defender la continuidad.
Donde hubo trabajo, no debe haber castigo.
Donde hubo ahorro, no debe haber confiscación.
Donde hubo padres pensando en sus hijos, el Estado no debe presentarse como heredero forzoso.
La familia hereda amor, memoria y patrimonio. El Estado no debe heredar la muerte.
EPÍLOGO: EL ÚLTIMO HEREDERO
Algún día todos seremos herencia.
Quedará de nosotros una casa, quizá un libro, una cuenta bancaria, una fotografía, un reloj que nadie querrá tirar, una escritura amarillenta, un terreno, una deuda, una colección de cartas o apenas un puñado de objetos en una habitación silenciosa.
Los padres vivimos acumulando pequeñas defensas contra nuestra propia ausencia.
Una casa para que los hijos tengan techo.
Un ahorro para que no comiencen desde cero.
Un negocio para que tengan trabajo.
Una tierra para que recuerden de dónde vienen.
Eso es una herencia.
Es el último abrazo material de quien ya no estará.
Por eso produce escalofríos imaginar al Estado esperando al otro lado de la muerte, con una calculadora entre las manos.
Que cobre sobre la renta verdadera.
Que persiga al evasor.
Que encarcele al corrupto.
Que recupere lo robado.
Que desmantele la facturación falsa.
Que persiga el lavado de dinero.
Que cierre las tuberías por donde se escapa el presupuesto nacional.
Pero que no meta las manos en el cajón donde una madre guardó las escrituras de la casa para sus hijos.
Porque hay fronteras que un Estado democrático debe respetar.
Y una de ellas comienza exactamente allí donde termina la vida y comienza la memoria.
La muerte ya se lleva demasiado.
Que el gobierno no pretenda llevarse también la herencia.
