El tratado que existió en el papel y murió en el Senado
Por Arturo Vásquez Urdiales
Hay documentos que nacen como relámpagos y mueren como espectros. El llamado Tratado McLane-Ocampo pertenece a esa estirpe de escrituras que sí existieron en la tinta, en la mesa diplomática, en la angustia de un gobierno sitiado y en la ambición geopolítica de una potencia vecina, pero que no alcanzaron la segunda vida del derecho: la ratificación. Por eso, llamarlo “inexistente” es, a la vez, una exageración y una intuición certera. No fue inexistente como hecho histórico, porque se firmó en Veracruz el 14 de diciembre de 1859 entre Robert M. McLane, enviado de James Buchanan, y Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno liberal de Benito Juárez. Pero sí fue jurídicamente inoperante, porque el Senado de Estados Unidos jamás lo ratificó, y sin esa ratificación no entró en vigor. Existió como proyecto, como presión, como amenaza, como salvavidas, como pecado atribuido y como leyenda negra; no existió como tratado plenamente obligatorio.
Para entenderlo hay que volver al corazón desgarrado de la Guerra de Reforma. México estaba partido en dos legitimidades enemigas: la liberal, encabezada por Benito Juárez, y la conservadora, asentada en la capital bajo Miguel Miramón. Desde Washington, el gobierno de Buchanan había roto relaciones con el gobierno conservador en 1858 y las restableció con Juárez el 6 de abril de 1859, cuando McLane presentó credenciales y reconoció al gobierno juarista como el único gobierno legítimo de México. Este punto es decisivo, porque corrige una confusión repetida durante décadas: el reconocimiento estadounidense a Juárez no nació estrictamente del tratado de diciembre, sino que ya se había producido antes de la firma. El tratado vino después, como intento de convertir ese reconocimiento diplomático en un arreglo estratégico, comercial y militar de largo alcance.
Y, sin embargo, el contexto bélico vuelve comprensible lo que, leído desde la calma de otro siglo, parece escandaloso. Juárez estaba cercado, pobre, urgido de municiones, legitimidad y tiempo. Los conservadores también buscaban auxilio exterior y suscribían acuerdos onerosos con potencias europeas, como el Mon-Almonte. En esa hora de fiebre, México no negociaba desde la serenidad de la soberanía intacta, sino desde la asfixia. La propia historiografía mexicana más seria ha insistido en que el tratado debe leerse dentro de esa desesperación estratégica y no como una simple traición sentimental. Patricia Galeana, desde la historiografía mexicana, ha subrayado el cálculo político de Ocampo: obtener respaldo internacional y margen de supervivencia para el gobierno liberal, en medio de un tablero donde también Francia, Inglaterra y España jugaban su propia partida sobre el cuerpo exhausto de la República.
¿Qué concedía, en realidad, ese instrumento? Mucho, demasiado para la sensibilidad nacional mexicana, aunque no implicaba en su texto final una venta de territorio. El tratado, formalmente llamado Tratado de Tránsito y Comercio, otorgaba a Estados Unidos derechos de tránsito a perpetuidad por tres corredores estratégicos: el Istmo de Tehuantepec; la ruta entre Guaymas y Nogales; y otra desde Camargo o Matamoros, pasando por Monterrey, hasta Mazatlán. Además, permitía el libre tránsito de bienes y, en ciertas circunstancias, la intervención de fuerzas estadounidenses para proteger esas rutas y sus intereses, con el consentimiento mexicano o incluso sin previo consentimiento en caso de peligro inminente para vidas o propiedades estadounidenses. Como compensación, México recibiría cuatro millones, de los cuales dos millones debían entregarse al firmarse y el resto quedar retenido para reclamaciones de ciudadanos de Estados Unidos. Todo ello dejaba intacta, al menos en el papel, la soberanía formal mexicana sobre esos pasos; pero es evidente que una servidumbre perpetua de esa naturaleza abría una herida gravísima en el concepto material de soberanía.
Aquí conviene despejar otra niebla. Hubo, en las fases previas de la negociación, presiones y tanteos estadounidenses que sí rozaron la vieja tentación del desmembramiento: la posibilidad de arrancar ventajas mayores, incluso territoriales, había sido contemplada por agentes estadounidenses como William Churchwell. La investigación histórica de la UNAM y los estudios citados por la historiografía académica muestran que Washington llegó a explorar fórmulas más agresivas; pero el texto finalmente firmado no cedió Baja California ni vendió territorio mexicano. Lo que se firmó fue otra cosa: un régimen durísimo de tránsito, comercio y protección, muy favorable a Estados Unidos, pero no una compraventa territorial en el sentido clásico de 1848. Es decir: no hubo venta de la Baja en el documento final, aunque sí hubo presiones previas que explican por qué el episodio quedó grabado en la memoria mexicana con un temblor de mutilación.
La escena militar que suele enlazarse con este tratado también merece precisión. Cuando Miramón intentó asfixiar Veracruz y los conservadores se apoyaron en naves como el General Miramón y el Marqués de la Habana, la marina estadounidense intervino en las aguas de Antón Lizardo. La propia Naval History and Heritage Command de la Marina de Estados Unidos conserva la referencia de la captura, el 6 de marzo de 1860, de esos vapores mexicanos por el USS Saratoga, frente a Veracruz. Aquella acción ayudó de hecho al gobierno liberal a sostenerse y frustró el ataque conservador por mar. De modo que la ayuda estadounidense no fue una fantasía: tuvo expresión naval concreta. Pero tampoco debe simplificarse diciendo que el tratado fue la única causa mecánica de esa ayuda; más exactamente, la política de reconocimiento y respaldo de Buchanan al gobierno de Juárez ya estaba en marcha, y el tratado era parte de ese mismo diseño hemisférico.
¿Por qué murió entonces en Washington un instrumento tan ventajoso para Estados Unidos? La respuesta no es única. La historiografía estadounidense y mexicana ha ofrecido varias razones: pugnas entre librecambistas y proteccionistas, el temor del Senado a fortalecer excesivamente al presidente Buchanan en materia de guerra y política exterior, la fractura interna del Partido Demócrata, el clima cada vez más venenoso del conflicto seccional que desembocaría en la Guerra Civil, e incluso las discusiones sobre esclavitud, expansión y equilibrio regional. Estudios académicos recientes han insistido en que el rechazo no obedeció a un solo motivo, sino a una constelación de rivalidades constitucionales, económicas e ideológicas. Lo seguro es esto: el Senado lo rechazó en 1860, y con ello el tratado quedó, para usar la expresión célebre recuperada por la historiografía, “tan muerto como Julio César”.
De ahí surge la verdad más honda de este episodio. El McLane-Ocampo no fue un fantasma inventado por la mala fe, ni una simple calumnia patriótica, ni tampoco una entrega consumada del territorio nacional. Fue un documento real, firmado en una hora de desesperación republicana, que ofrecía concesiones inmensas, que nunca cobró fuerza legal y que, sin embargo, sí produjo efectos políticos: reforzó la cercanía de Washington con Juárez, envió un mensaje a Europa y se inscribió en la larga historia de un México obligado una y otra vez a negociar con el cuchillo en la garganta. Por eso su tragedia no reside sólo en lo que decía, sino en lo que revela: que las naciones débiles suelen redactar su porvenir entre la necesidad y el abismo.
Así pues, amable lector, el veredicto sereno sería éste: no fue inexistente como tratado firmado; fue inexistente como tratado vigente. Existió en Veracruz, en los despachos del Departamento de Estado, en la correspondencia diplomática, en la memoria herida de México y en los expedientes que hoy conservan los repositorios históricos de ambos países. Pero murió antes de volverse ley entre naciones. Y acaso por eso sigue fascinando: porque es uno de esos documentos que, sin haber gobernado el mundo, nos permiten ver el alma de una época. Una República rota, un vecino ambicioso, un Senado desconfiado, un istmo codiciado por el comercio planetario, y México, siempre México, ardiendo entre el mar, la frontera y la historia.
Fuentes base: Office of the Historian, U.S. Department of State; Naval History and Heritage Command, U.S. Navy; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; CNDH; y estudios académicos citados a partir de documentación del National Archives / Record Group 59 y de la correspondencia diplomática de la época.
Urdiales Zuazubiskar fundación de letras hipnóticas AC quienes le invitamos a compartir esta columna y desarrollar un mundo mejor llenitito de buenos lectores agradezco mucho su atención©®.
